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viernes, 19 de septiembre de 2014

¿(Podemos) pensar la "emigración" de otro modo?



“ Estamos trabajando para que la emigración cambie de bando y podáis regresar a casa”
(Íñigo Errejón. Londres, 13-IX- 2014)
El pasado 13 de septiembre, Podemos, celebró en Londres su primer acto político con un mensaje dirigido a los emigrantes españoles. En realidad, no es novedoso que un partido político nacional actúe fuera del país: el PP, el PSOE e incluso algunos otros, lo han hecho durante años, sobre todo, en Europa Occidental y en América Latina. Lo interesante del caso de Podemos (que lleva promoviendo, desde hace meses, la creación de sus círculos en el exterior) es que es de las pocas veces, desde el final del franquismo, que la izquierda mira con seriedad hacia afuera, es decir, la primera vez que la ciudadanía española en el exterior (más de dos millones de personas: algo más que la provincia de Sevilla) está siendo realmente tenida en cuenta.
En los últimos meses, al hilo del proceso que se viene describiendo, personajes clave de la dirección de la plataforma han viajado fuera de España. Su mensaje, sin embargo, sigue teniendo margen de mejora: aunque su estilo dista de ser tan acartonado (como el del PP y del PSOE) todavía tiene ciertos dejes centralistas que resultaría aconsejable revisar si, de lo que realmente se trata, es de acabar con una de las anomalías políticas más flagrantes (y absurdas) que caracterizan a nuestro país: la exclusión pura y simple de unos residentes en el exterior que en la práctica (y en unos casos más que en otros) son auténticos ciudadanos de segunda. Y eso tanto en la propia España como en los países de residencia de nuestros conciudadanos.
Los autores de este artículo entendemos que una afirmación tan tajante puede sorprender ya que, nuestros Gobiernos, siempre se han vanagloriado de tener una política exterior alineada con el progreso y la modernidad. Las grandes proclamas, sin embargo, no deben llamar a engaño: de hecho, una cosa es la acción política y diplomática (que suele estar basada en los intereses de las grandes empresas) y otra, muy distinta, la gestión cotidiana (no solo consular) de las comunidades de expatriados que -desde 2006- tienen sus derechos reconocidos por un Estatuto . Aquí es donde, no por casualidad, confluyen todas las carencias para el ciudadano de a pie: dificultades administrativas, problemáticas sociales, falta de medios, clientelismo, trabas para votar, etc…
Tantas tribulaciones, más que una explicación prolija (que puede ser desglosada más adelante, en otro artículo) requieren de unas reflexiones de fondo que permitan comprender el asunto a partir de unos postulados conceptuales diferentes a aquellos con los que han sido abordado hasta ahora. De hecho, lo que en relación a la voluntad exterior de Podemos debe decirse es que, seguir contemplando las cosas a partir de una óptica que tenga ciertos visos de etnocentrismo puede generar frustración entre los expatriados y terminar resultando, incluso, contraproducente. El problema es complejo y por eso entendemos que sería bueno abrir una discusión que identifique problemáticas de fondo considerando, además, a algo más que a los ‘emigrantes’.
Para nosotros, éstas son las claves:
1) En términos generales es necesario cambiar la concepción que se tiene en España sobre la ciudadanía en el exterior: los expatriados NO son (somos) la periferia de un sistema cuyo epicentro está en España (y por cierto, no solo en Madrid, que casi todas las Comunidades Autónomas pecan de etnocentrismo). Muchos expatriados, de hecho, han emigrado como consecuencia de la crisis pero la mayoría (un 80/85%) reside fuera desde hace décadas cuando, no, incluso ha nacido en otros países. Los ciudadanos españoles residentes en el exterior por lo tanto, por más heterogéneos que sean (seamos) entre sí, tienen (tenemos) trazos comunes que les (nos) diferencian de los españoles que residen en el territorio nacional.
2) Lo anterior debe llevarnos a dejar de hablar de ‘emigración’, de ‘exilio’ y de todos esos términos rancios, etnocéntricos y parciales que aunque describen algunos de los mecanismos fundamentales de reproducción la ciudadanía en el exterior, resultan insatisfactorios para delinear una naturaleza que trasciende los simples movimientos demográficos. De lo que estamos hablando, de hecho, es de una ‘ diáspora ’ que, técnicamente hablando, es la suma de la diversidad de casos y situaciones que caracterizan a cualquier ciudadanía expatriada. En el caso de España, por cierto, un dato interesante es que nuestra diáspora es comparativamente significativa (mayor, de hecho, que la de Francia, India o Australia).

3) Hablar abiertamente de ‘diáspora’ (que es un término muy utilizado en los estudios transnacionales ) implica muchas cosas pero, sobre todo, dos: a) es preciso un reconocimiento explícito de la misma, no solo como sujeto de derechos (cosa que hasta cierto punto ya se hizo, en 2006, con la aprobación del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior) sino como comunidad política diferenciada con sus características y necesidades propias y b) como consecuencia de lo anterior, parece aconsejable que España redefina su política exterior para, como mínimo, distinguir entre la acción política y diplomática de nuestro país en el exterior y la tutela administrativa seria (no de fachada) que esas comunidades necesitan.

4) Si bien es cierto que, para muchos españoles por el mundo , la idea del ‘retorno’ (se supone que a España) es, cultural, simbólica y moralmente muy importante, éste, no solo no siempre se produce sino que no refleja una aspiración mayoritaria. De hecho, muchos residentes en el exterior (y eso se sabe gracias a algunas encuestas) no se plantean volver a nuestro país para instalarse. El mito del retorno (demasiado recurrente entre los politicastros) solo suele ser plenamente cierto en el caso de los españoles que acaban de salir del país, que son minoría. De lo que más bien se trata es de garantizar que aquellos españoles que residen fuera de España vivan bien y gozando plenamente de sus derechos políticos y sociales.

5) El reconocimiento de lo anterior debiera conducirnos a denunciar a la ristra de procónsules que suelen viajar al exterior, a costa del erario público, para hablar(nos) de la situación política en España o para someter(nos) al enésimo ciclo de cine español. La realidad política, social, económica y cultural de los residentes en el exterior es por lo menos tan diversa como la de los españoles residentes en España y requiere , también, de transformaciones estructurales tan considerables como las que están planteadas en nuestro país . Hay, por ende, que generar espacios de expresión para los expatriados y escucharles sin pensar que -por compartir nacionalidad- ellos tienen que pensar como, por ejemplo, un señor de Murcia.

6) La participación de los españoles residentes en el exterior en la gestión de sus asuntos no debiera ser excepcional, como hasta ahora, sino institucionalizarse para evitar intermitencias, ‘representaciones’ y/o prácticas clientelares. Expresado en otros términos: la ciudadanía española en el exterior necesita , para que el ejercicio de sus derechos sea real, ser incorporada, de lleno, al sistema político español pero no mediante una subsecretaría medio vacía de contenido sino con representantes propios (diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y desde luego policy makers ) que le pongan voz a un colectivo   en nombre del que siempre hablan otros (que casi siempre son, por cierto, residentes en España).

7) La institucionalización de una voz propia para los residentes en el exterior debería llevar aparejada la crítica (e incluso, la denuncia) de discutibles intermediaciones como las que ponen en práctica las casas   regionales   (llámense éstas Centro Gallego , Centro Asturiano , Casa de Andalucía , Centro Canario, Euskaletxea, Casal de Catalunya o en los últimos tiempos, Centro Madrileño ). Dichas instituciones llevan décadas monopolizando, a través de guiños tan emotivos como simplones (que, por cierto, suelen ir acompañados de prácticas caciquiles no respaldadas por legalidad alguna) la mayor parte de las relaciones no consulares (y lo que resulta más preocupante, del presupuesto) de los ciudadanos en el exterior.

8) De todo lo anterior es fácil colegir, no solo que las necesidades de los españoles residentes en el exterior son MUY diferentes de las de los españoles residentes en España, sino que, entre los propios expatriados, también existen diferencias. De hecho, no son lo mismo las necesidades de los recién emigrados, que las de aquellos que salieron del país hace más de una década o que las de aquellos otros que ni siquiera nacieron en el territorio nacional (y consiguieron la nacionalidad, bien por ser hijos de españoles, bien como consecuencia de una regularización). Esta es una de las razones concretas por las que repetir constantemente el mantra del 'retorno' carece de sentido: no a todos les interesa ‘volver’.

9) En línea con lo anterior hay otra gran diferencia al interior de la diáspora española que casi NUNCA suele ser considerada en España (empezando, desde luego, por el PP y el PSOE):las necesidades de los españoles residentes en Europa (sobre todo las de aquellos que viven en países de la UE) y las de los españoles residentes en otras latitudes (sobre todo en América, donde viven casi dos tercios de los expatriados) son muy diferentes entre sí . No es lo mismo, de hecho, residir en Estados con políticas de bienestar más o menos avanzadas y activas (que, en el peor de los casos, tienden a amparar y a proteger la europeidad ) que hacerlo lejos del Viejo Continente en países con Estados débiles y/o socialmente irresponsables.

10) Existe, pese a todo, una necesidad primera que unifica y abarca a TODA la ciudadanía española en el exterior: eliminar el voto rogado   que le fue impuesto en 2011 de forma torticera, abusiva y arrogante por PP, PSOE y CiU. La existencia de dicho tipo de sufragio, no solo convierte la posibilidad de expresarse -¡para dos millones de personas!- en una concesión graciosa del sistema (ligada, entre otras cosas, ¡a la eficiencia de Correos !) sino que, al tener un impacto brutal en la participación (que en las últimas elecciones ha reculado por debajo del 10%) diluye su voz y su peso dentro del sistema postergando así, ad calendas , el ejercicio real de muchos derechos que (nos) reconoce el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior. 

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