JESÚS RODRÍGUEZ / @ ALBERTMARTNEZ | 24/07/2014
Cuartos de ocho de la mañana. Llaman al timbre de casa y es la policía. "Venimos a ejecutar el lanzamiento del inmueble, recojan las cosas y salgan", son palabras de la secretaria del juzgado de primera instancia 43 de Barcelona, Sara Miramunt Vilamú. La secretaria estaba en el rellano del edificio, en el número 67 de la calle Altos Hornos de la Zona Franca, e iba acompañada de cuatro mozos de escuadra de la comisaría de Sants-Montjuïc. En la calle esperaban una treintena de antidisturbios de la Brigada Móvil, que discretamente se han posicionado en las esquinas de una zona llena de tiendas y con mucho tráfico de peatones.
Dentro del piso, Irene, su madre y las tres criaturas de seis, once y doce años han estallado en llanto, y el mayor de los niños ha mirado de cerca a la secretaria judicial ya uno de los mozos de escuadra mientras gritaba: "muchas gracias hijos de puta para hacernos fuera de casa". La funcionaria se mostró impasible a pesar de la dura escena que estaba viviendo. Según ha denunciado Susana Ordóñez-miembro de la PAH que está apoyando a la familia-esta funcionaria "en reiteradas ocasiones ha rechazado atender a la familia cuando han ido a los juzgados para saber si el desahucio se ejecutaría". "La última vez nos dijo que fuéramos, que el juzgado debían trabajar y no podían perder el tiempo", recordó otro activista. Se da la circunstancia de que la secretaria judicial, a pesar de trabajar en el juzgado de primera instancia 43 de Barcelona, consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Lleida como consejera de Vilamú SL, una empresa ubicada en el municipio de Torà que se dedica al material de construcción .
Víctima de una estafa
A diferencia de ella, Irene está en paro, en una situación de extrema precariedad y vive con su madre y sus tres hijos. Fue víctima de una presunta estafa financiera hace siete años-un juzgado investiga la actuación en el caso de la asesora financiera María Navarro Estrada-y, a partir de entonces comenzó una pesadilla. Hace cuatro años le embargaron la vivienda, y posteriormente subastar el piso de su madre que la había avalado, y donde vivía con ella y los niños. El inmueble fue adquirido por Agustín Perdiguer Andrés, administrador de la empresa Proyectos de Desarrollos Activos SL, que es quien ha instado al desahucio.
El Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de que el pasado martes durante la audiencia pública del Distrito de Sants-Montjuïc el concejal Jordi Martí prometió un realojamiento estable para la familia, sólo les ha proporcionado unos tickets para poder alojarse durante cuatro días en una pensión. El consistorio era conocedor de la situación de la familia, ya que la ejecución del desahucio se había detenido en cuatro ocasiones en los últimos meses, como consecuencia de la gran presencia de activistas concentradas en la puerta de la finca.
Esta mañana la indignación era máxima entre el vecindario, y más cuando Agustín Perdiguer-actual propietario-ha llamado a la familia para instarlos a que retiraran todas las pertenencias "rápidamente" porque tenía que poner la vivienda "en el mercado". El dispositivo policial se ha retirado poco después de las diez de la mañana y de forma improvisada la gente concentrada ha decidido desplazarse hasta la sede del Distrito de Sants-Montjuïc para reclamar a Jordi Martí y Xavier Trias un realojamiento estable para la Irene y sus. Un agente de la Guardia Urbana ha intentado impedir la entrada en el edificio de la treintena de personas visiblemente enfadadas, pero no lo ha conseguido. Irene, las vecinas y miembros de la PAH han subido hasta la tercera planta, junto al despacho de Jordi Martí, que en esos momentos no se encontraba en el edificio. Han desplegado desde la ventana una banderola y una camiseta de la plataforma, mientras arrojaban hojas en la calle. La acción ha sido contestada positivamente con las bocinas de los vehículos que pasaban.
Cerrada en la sede del Distrito
Un responsable de Servicios Sociales se ha reunido con las cerradas y flexibilizado la postura del consistorio, prometiendo la cesión de una vivienda "puente" para la familia hasta que encuentren un hogar estable. La letra pequeña de la propuesta es que la vivienda se encuentra en el barrio de Navas, en el otro extremo de la ciudad y muy lejos de la actual escuela de los niños. La PAH ha rechazado la oferta y un portavoz ha asegurado que hasta que Jordi Martí no se persone en la sede del Distrito y encuentren una solución de vivienda de alquiler social estable para Irene-en la Zona Franca-no abandonarán la protesta . A media tarde han llegado alimentos, bebida y todo lo necesario en previsión de que la acción se prolongue durante horas.
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