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sábado, 2 de noviembre de 2013

LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS “SIN HOGAR” EN ESPAÑA

LA CRIMINALIZACIÓN DE LAS PERSONAS “SIN HOGAR” EN ESPAÑA
El pasado 7 de octubre, semana y media antes del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, una fecha con la que Naciones Unidas apuesta por visibilizar la situación de los más desfavorecidos, los medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco de un borrador de Ordenanza Municipal de Madrid para la Convivencia Ciudadana en Espacios públicos que nace con vocación de acabar con la mendicidad y la prostitución. Y como si de una máquina del tiempo hiciéramos uso considera faltas “pedir en las entradas y salidas de centros educativos, de atención social, hospitales, establecimientos comerciales y empresariales” y prevé sanciones económicas de 750 euros por dormir en bancos, amparándose en que “no se prohíbe la mendicidad sino las conductas molestas, coactivas o agresivas que tienen la apariencia de mendicidad y detrás de las cuales hay mafias o grupos organizados”.
Lo cual significa, en caso de aplicar esta normativa a las personas “sin hogar”, un desconocimiento de las diferencias entre la mendicidad y el sinhogarismo. Y, sobre todo conlleva no entender los procesos multicausales que conducen a una mujer o a un hombre a vivir en la calle y que afecta a los sectores sociales más vulnerables (parados adultos de larga duración, mayores con ingresos insuficientes, jóvenes sin empleo, consumidores de sustancias psicoactivas, enfermos mentales, alcohólicos, separados/divorciados, mujeres maltratadas, inmigrantes,…..). Con lo que se les culpabiliza de sus circunstancias vivenciales, se exculpa a la sociedad de su responsabilidad y, desde luego, supone un retroceso en la filosofía que parecía estar imponiéndose a la hora de atenderles.
Ya el ex alcalde Gallardón, el 13 de abril de 2011, en un acto de precampaña electoral sobre el progreso en seguridad de la capital, anunció su pretensión de solicitar al Partido Popular la inclusión en su programa general para las elecciones generales de 2012 una ley estatal que posibilitará a los Ayuntamientos “retirarles” de las calles. Iniciativa que, afortunadamente, quedo en una mera declaración de intenciones, a pesar de que algunos Ayuntamientos como los de Barcelona, Sevilla, Málaga, Granada y Valladolid, recogieron el testigo y aprobaron ordenanzas en ese sentido.
Salvando las distancias, si se comparan sus contenidos y los del borrador de Madrid con algunos puntos específicos de laLey de Vagos y Maleantes del Código Penal español del año 1933, referente, entre otros, al tratamiento de vagabundos, nómadas y cualquier otro estimado antisocial, que fue modificada en el año 1954 y que se sustituyó en 1970 por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, en donde se incluían penas de hasta cinco años de internamiento en cárceles o manicomios para los sujetos “peligrosos”, encontramos elementos comunes.
Así, en el Artículo 2 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social se catalogaba peligrosos, entre otros, a “los vagos habituales”,  “a los mendigos habituales y los que vivieren de la mendicidad ajena o explotaren con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos”, “a los ebrios habituales y los toxicómanos” y a los “enfermos y deficientes mentales que, por su abandono o por la carencia de tratamiento adecuado, signifiquen un riesgo para la comunidad” y se les aplicaban las “correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación”.
Parece que esa sea la senda que se estuviera retomando en algunas ciudades españolas y que se quiera seguir en Madrid, lo cual refleja la persistencia de un discurso de criminalización hacia estos seres humanos. No en vano la opinión pública española muestra también ciertas reservas frente a este hecho social. De hecho al 43,19% de los entrevistados en la Encuesta de Tendencias Sociales del año 2010 del GETS, “les incomoda la presencia en las calles de personas indigentes y “sin techo” y un 11% estimaba que las autoridades debían obligarles a vivir en albergues y centros de acogida.
¿Es realmente la solución para erradicar de nuestras calles esta dramática y creciente problemática humana y social que los que duermen en bancos paguen multas o que se actúe con disposiciones punitivas contra los que mendigan? Rotundamente no.
Plantear que la alternativa a la calle pase por estas medidas, además de deslegitimar el sistema desde el propio ámbito institucional, echa por tierra el trabajo de tantos profesionales y voluntarios que tratan de hacerles recuperar su dignidad y sus vidas.
Ante un fenómeno social de tal alcance y con tan altos costes humanos regular el espacio público, aun siendo obligado en toda sociedad, puede tener efectos desproporcionados sobre aquellos que se ven abocados a vivir, comer, beber, dormir, mendigar en las calles... Penalizar a quienes no tienen nada, a aquellos que han perdido el rumbo de sus vidas y muestran su realidad, tal como es, ni es humano, ni razonable. En este sentido, la Federacion Europea de Oganizaciones Nacionales FEANTSA que trabaja en colaboración con Housing Rights Watch Housing (una red europea de activistas, académicos, organizaciones no gubernamentales y juristas de la Unión Europea,  que están comprometidos con la promoción, la protección y el cumplimiento del derecho a la vivienda para todos) con su campaña “Poverty is not a crime” reivindican no sancionarles ni penal, ni económicamente y reclaman que se acometan acciones específicas al respecto, máxime en un momento como el actual, con una crisis económica de gran calado entre nosotros, a la par que se han producido retrocesos en gastos sociales, que, en su conjunto, están contribuyendo notablemente a incrementar el número de ciudadanos que entran en procesos de exclusión social extrema.
Sea como fuere, entre las mejores acciones posibles la prevención cobra especial relieve. Prevención que debe abordarse desde el marco de las políticas sociales propias del Estado de Bienestar, que incluyan desde medidas asistenciales, a programas formativos y de integración laboral, pasando por iniciativas de rentas mínimas, proyectos alternativos a la vivienda, etc.
Si desde instancias políticas no se entiende el sinhogarismo en toda su complejidad no se acometerán realmente medidas que  prevengan esta cuestión social en sus raíces, ni tampoco serán efectivas las políticas de intervención que se dispongan.
Hilde Sánchez Morales

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