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domingo, 5 de mayo de 2013


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CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN EL ESTADO ESPAÑOL

Maletas forzosas para jóvenes en paro

Apenas cuatro de cada diez jóvenes en el Estado español tienen un empleo. Y en Euskal Herria, solo la mitad. Entre quienes sobreviven condenados al paro y con la perspectiva de contratos cada vez más precarios se extiende la dura decisión de hacer las maletas. «No nos vamos, nos echan», denuncia Juventud Sin Futuro.
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Alberto PRADILLA
Desde la distancia, da miedo cómo se están poniendo las cosas». Amaia Lasa, nacida en Getxo, tiene 25 años. Es licenciada en Traducción e Interpretación y ahora estudia Relaciones Internacionales y lengua árabe. Lo hace en París, a cientos de kilómetros de su localidad. Mientras tanto, trabaja como guardarropa en un teatro. No podría hacerlo de otro modo, ya que no disfruta de ninguna beca. Sin embargo, al otro lado de la muga todavía podría ser peor. Con un 48% de paro juvenil en Euskal Herria y un 57% en el Estado español, las perspectivas para los menores de 30 años se reducen a un menú único compuesto de tres platos: paro, precariedad o exilio. Desde el inicio de la crisis, cada vez más jóvenes hacen las maletas y buscan oportunidades lejos de un Estado donde sus condiciones de vida se han degradado progresivamente. Colectivos como Juventud Sin Futuro, en Madrid, lo denuncian a través de campañas como la de «No nos vamos, nos echan». El mito de estudia-para-tener-un-buen-trabajo se ha derrumbado. A jóvenes como Lasa se lo han cambiado por un billete de ida que se adquiere por obligación. Con la gran perspectiva de terminar como mano de obra barata y con el título sirviendo de adorno en la casa de los padres.
«Mi propia familia me dice que me quede, que allí no voy a encontrar nada. La falta de expectativas me obliga, quiera o no quiera, a seguir fuera». Lasa espera seguir en la capital del Estado francés, ya que considera que los precios en el Estado español, unidos a la práctica imposibilidad de obtener un empleo, imposibilitan esta opción. La frustración que expresa rompe con uno de los tópicos que se popularizaron durante las «vacas gordas»: el del viaje como oportunidad, con la perspectiva de regresar con un idioma en la cartera y experiencias acumuladas.
Pese a ello, el Gobierno español intenta disfrazar cínicamente el éxodo. «Estoy segura de que el número creciente de jóvenes con buenos trabajos en el extranjero tendrá un efecto muy positivo en nuestra economía», decía estos días Esperanza Aguirre.
Sin opciones de futuro
«Ojalá todo el mundo pudiera tener esa experiencia si quiere», rebate Elena del Valle, física de 31 años, que agota una beca en la Fundación Humboldt, en Munich. Cuando terminó la carrera realizó diversas investigaciones por Europa. Ahora se encuentra con que las maletas no eran solo «una fase» de formación. «El problema es la falta de opciones. Lo más probable es que me vea forzada a volver a emigrar», asume.
La fuga masiva de jóvenes era algo que no podía ocultarse. Un elefante en el salón que nadie mencionaba. Pablo Padilla, portavoz de JSF, explica que la campaña salió sola, simplemente mirando a su alrededor. «Se trata de algo muy cercano. Nos dimos cuenta de que, solo en nuestro entorno, cada vez se marchaba más gente». Así que comenzaron a recopilar casos. Casi 4.000 se registraron. Muchos aparecen en su web. Como Carmelo, biólogo de 31 años y originario de La Rioja. «Cansado de trabajar gratis, sin cotizar y pisoteado por mis políticos. Ahora soy buzo en Tailandia». Al mismo tiempo, grupos en diversas capitales se organizan por su cuenta. Se ayudan, como se ha hecho toda la vida. Pero también politizan el apoyo mutuo. Porque las causas son políticas.
«Ya no hablo del desastre que es una sociedad que no invierte en ciencia», lamenta Del Valle. «Existen suficientes argumentos, si nos fijamos solo en el caudal humano motivado y preparado que se malgasta y desgasta, de que este sistema de mercado, que trata como mercancía igualmente bienes, personas o conocimiento, está obsoleto y no da más de sí». Las perspectivas económicas ofrecidas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy apuntan hacia otro lado. Más paro y más precariedad. Las maletas, a miles de kilómetros. «Cuando te marchas asumes que la vida que pensabas que podrías hacer se ha caído totalmente», reconoce Jesús Gil, de 24 años, licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual y recién llegado a Rosario, en Argentina. No era solo el paro. «Si seguía sin trabajo, en dos años podía estar sin tarjeta sanitaria», advierte. La problemática tiene muchas aristas. Para los que se marchan y también para los que se quedan. «El daño ya está hecho. El cambio será que mis primos no tengan que marcharse».
La oficina precaria logra su primera victoria contra un despido improcedente
Estela Mendo, licenciada en Psicología, trabajaba en una empresa de limpieza hasta el 15 de noviembre de 2012. Ese día, 24 horas después de sumarse a la huelga general convocada en el Estado español, recibió su carta de despido. A la calle por sumarse a una protesta. Ahora tendrá que ser readmitida. Además, un magistrado del juzgado número 2 de lo Social de Móstoles (Madrid) obliga a la empresa Ainpro Gestiones Integrales de Limpiezas y Comunidades SL a ingresarle los salarios que no percibió y abonarle una indemnización de 1.000 euros. Esta es la primera victoria de la Oficina Precaria, herramienta de asesoría creada hace un año por iniciativa de Juventud Sin Futuro y que trata de responder a las necesidades de jóvenes precarios o estudiantes con contratos temporales que han quedado fuera del modelo sindical tradicional.
«Yo pensaba que hacer huelga era un derecho que nos asistía», explica Mendo, que pese a haber ganado en los tribunales sigue sin trabajo. Hecha la ley, hecha la trampa. La empresa se ha sacado de la manga el regreso, tres meses antes de lo previsto, de la persona a la que sustituía. Sin embargo, defiende la necesidad de organizarse. Ella descubrió la oficina a través de un amigo. Pensaba que con el despido improcedente no tenía nada que hacer. Hasta que recurrió a la asesoría. «Los sindicatos defienden a los trabajadores, pero no a quienes estamos en el paro o con contratos precarios», señala. Todo el mundo le decía que no tenía nada que hacer. Se extiende la lógica de que, ante la escasez, los derechos son renunciables. Hasta que un juez le dio la razón.
«Este triunfo sirva para visualizarnos como algo eficaz. La oficina sirve para empoderar a los trabajadores jóvenes en casos particulares, pero también como herramienta colectiva», afirma Carlos Sevilla, el abogado que ha llevado el caso de Mendo. Su perfil también simboliza el cambio de paradigma. Es letrado colegiado, sí, pero para hacer frente al fin de mes además trabaja en la librería La Marabunta, en Madrid. Su labor contra la precariedad forma parte del activismo. Junto a él, un equipo de cinco personas que se encargan de responder las más de 300 consultas que han recibido en un año de existencia. También atienden en persona. Dos horas semanales en el Patio Maravillas, un centro social ocupado de Madrid.
La radiografía de quienes acuden a la oficina es heterogénea. Se basa en jóvenes precarios y migrantes. «Existe un vacío, ya que no hay una cultura sindical, no solo por desconocimiento, sino por incompetencia de las grandes centrales e incapacidad de las alternativas». A.P.

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