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miércoles, 2 de noviembre de 2011



Luchas de clases en Catalunya



Después de las últimas elecciones a la Generalitat, el partido político del señor Mas consolidó las relaciones burguesas vacilantes durante el gobierno tripartito. Con ello pudo librarse de obligaciones que no hay que cumplir sino en el cuadro de esas relaciones. El crédito se transformó en una condición de su existencia y las concesiones echas al proletariado en relación a un sistema educativo y sanitario universal para el mismo, se transformaron en amarres presupuestarios que debían soltarse. La educación y sanidad universal, aún como simple frase, venía a ser un peligro intolerable para el nuevo Gobierno, pues era una sangría presupuestaria permanente contra el restablecimiento del crédito que descansa sobre el reconocimiento ininterrumpido e inalterable de las relaciones económicas de clases existentes. Era necesario, pues, terminar con las conquistas obreras.
El nuevo gobierno conservador había arrojado a los Mossos D’Esquadra, a la Policía Urbana y a los antidisturbios contra los indignados establecidos en la plaza de Catalunya. Una vez echada de Catalunya la Guardia Civil, los Mossos D’Esquadra, es decir el brazo armado de la burguesía catalana, constituía la única fuerza del orden y estaba a las órdenes del despiadado conseller Puig.
Así es como llegó la aristocracia financiera al Gobierno de Catalunya, con el bastón en una mano y en la otra una tijera para recortar las conquistas educativas y sanitarias de la clase trabajadora. El nuevo gobierno conservador quería despojar a Catalunya de su apariencia antiburguesa eliminando el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio cuando lo propuso el Gobierno Central en 2008. Necesitando por lo tanto el valor de cambio de este nuevo Gobierno, su curso en Bolsa. Con el precio corriente del nuevo Gobierno en la Bolsa el crédito público mejoró consecuentemente. Por su parte, el crédito privado estaba paralizado, la circulación frenada y la producción estancada.
Para eliminar hasta la sospecha de que no quería o no podía satisfacer las deudas crediticias públicas heredadas por el Gobierno tripartito, para volver a dar confianza en la moralidad burguesa y en la solvencia del nuevo gobierno, el presidente Mas recurrió a una fanfarronada tan pueril como indigna ya llevada a cabo por su predecesor el presidente Montilla. Antes del término de su mandato, José Montilla [1] ofreció a los acreedores particulares del gobierno Tripartito los intereses del 4’75%. El aplomo burgués, la seguridad de los capitalistas, se despertaron bruscamente cuando vieron la presurosa ansiedad con la cual se trataba de comprar su confianza: No hubo demanda, como tampoco la hubo posteriormente cuando en marzo de 2011 el Gobierno conservador de Artur Mas hizo lo mismo. Al segundo intento y ya a un interés del 5’5% [2] (más el 3% en comisiones que se lleva la Banca), se pudo encontrar una salida para la deuda pública cuando el bono español se vendía a un 3%. Si bien el diferencial era muy amplio, esto suponía la abertura a los mercados de la deuda pública catalana aunque sólo se consiguiera colocar 400 millones de deuda en vez de los 500 millones que se esperaba. De estos compradores de deuda pública catalana, el 45% fueron bancos y el 70% de los inversores que han adquirido los títulos fueron españoles, mientras que los inversores extranjeros han sido escandinavos (13%) y alemanes (12%). Esta es la manera como el nuevo Gobierno conservador abrió los brazos al gobierno de la aristocracia financiera, que reina ahora en el Gobierno de Catalunya, y que tiene en la Banca su Iglesia Episcopal puesto que el presidente Mas firmó un préstamo de 400 millones de euros a largo plazo, amortizable a cuatro años con el Banco Santander. Con esta operación, el Gobierno catalán, hizo uso de la autorización para endeudarse en 1.866 millones de euros, otorgada por el Gobierno central después de la presentación del plan de reequilibrio económico y financiero.
No era el primero ya, sino el segundo préstamo que el Gobierno Conservador pedía a una entidad bancaria. El primero lo suscribió con Catalunya Caixa por un montante de 500 millones de euros. Pero como esta cantidad se suscribió a corto plazo y para tesorería, no computó en la autorización del Ejecutivo central. Es así como ahora en Catalunya la Bolsa rige el crédito público, y la Banca gobierna el crédito comercial.
Claro está que la dificultad financiera del Gobierno Catalán no fue atenuada por ese golpe teatral que lo privaba del dinero contante disponible. No era posible disimular por más tiempo el malestar financiero y les tocó pagar a los empleados y obreros de la educación y la sanidad la agradable sorpresa ofrecida a los acreedores del Estado. Con este fin el conseller Boi Ruiz eliminó 7.200 puestos de trabajo [3] en la Sanidad, de éstos 3.000 son despidos de eventuales por cierre de plantas y servicios específicos, no se renovaran a 3.200 trabajadores suplentes de la concertada que hace tiempo que están contratados y 1.000 trabajadores que se jubilan y no serán sustituidos. En Educación Pública, las cifras de la conselleria  indican que faltarán 2.660 profesores para atender al alumnado en las mismas condiciones que ahora .
Mientras el gobierno se retorcía bajo la pesadilla de un déficit creciente, mendigaba sacrificios patrióticos y ensalzaba la figura del emprendedor. De esta manera había que recurrir a un medio heroico, a la promulgación de un nuevo impuesto. ¿Pero a quién imponérselo? ¿A los cancerberos de la Bolsa, a los reyes de la Banca, a los acreedores del Estado, a los rentistas, a los industriales? El Gobierno Conservador propone ahora un impuesto sobre las grandes acumulaciones de renta [4] . ¿Cómo se podía entender esta jugada rocambolesca del gobierno conservador? Esta jugada maquiavélica sólo respondía a la jugada que había echo el gobierno al introducir su deuda pública en la Bolsa. Ahora la deuda pública no dependía de particulares sino de la aristocracia financiera que mediante el fraude de la empresa interpuesta consistente en cobrar el sueldo a través de una empresa participada en su totalidad por el trabajador o por sus familiares y domiciliada normalmente en su vivienda habitual o en una segunda residencia. De esta la manera la pequeña burguesía representada por el Gobierno conservador: altos directivos de empresas, abogados, arquitectos, médicos, artistas, deportistas y los colaboradores televisivos evitan pagar el tramo del IRPF de las personas físicas y pagar el tramo de las personas jurídicas. Sí, como lo oyen empezaba así una retórica de Gobierno de concentración nacional que imploraba un esfuerzo a la burguesía poniendo en marcha medidas impositivas estéticas que en última instancia repercutiría en la clase media y el proletariado. De esta manera a parte de la alta presión fiscal que ya había y que alcanzaba el 50% del IRPF a las personas físicas, esta medida impositiva estética se ponía con el objeto de no poner en peligro al Capital y de asegurarse el funcionamiento del mecanismo del Estado de cara a los trabajadores.
Si algo nos ha demostrado la historia es que la sublevación del proletariado es la supresión del crédito burgués, pues es la supresión de la producción burguesa y de su régimen. El crédito público y el crédito privado son el termómetro económico que permite medir la intensidad de una revolución. En la medida que ellos bajan, el ardor abrasante y la fuerza creadora de la revolución ascienden.

Notas:[1] http://www.gurusblog.com/archives/emision-bonos-generalitat-catalunya-riesgo-comprar/25/10/2010/
[2] http://www.lne.es/economia/2011/03/29/cataluna-estrena-deuda-publica/1052692.html
[3] http://www.europapress.es/catalunya/noticia-ugt-alerta-7200-despidos-sanidad-catalana-recortes-20110407131709.html
[4] http://www.europapress.es/economia/noticia-mas-plantea-impuesto-temporal-ricos-20110927183844.html

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